La Politècnica busca fórmulas para asegurar el año académico de sus Erasmus

La Universitat Politènica de València (UPV) estudia fórmulas de mezenazgo para asegurar a los estudiantes Erasmus su estancia en universidades extranjeras durante un curso completo, y no los seis meses que se han impuesto desde el Ministerio de Educación. Estaríamos hablando de patrocinadores externos, según el rector de la UPV, Francisco Mora, «para apoyar esas mensualidades extra de los estudiantes, pues no podemos dejar perder su estancia en universidades relevantes».

Fachada de la UPV. Fuente:eldiario.es

Fachada de la UPV. Fuente:eldiario.es

Además, dessde la universidad se plantean crear becas propias para cubrir los tres meses de Erasmus que el ministerio de José Ignacio Wert no financiará a los alumnos que, el próximo curso, cursen asignaturas anuales en alguna de las universidades inscritas en el programa. El rector de la UPV ha recordado que la decisión de Educación «genera un grave problema, ya que gran parte de nuestros contratos con universidades extranjeras son de un curso completo». «Con muchas universidades, entre ellas las mejores, se firma una anualidad», ha asegurado Mora. En este sentido, la Universitat Politècnica envía a 1.078 alumnos en universidades europeas, y el 35 % de estas no aceptan estudiantes erasmus por menos de 9 meses.

Mora ha matizado que este mecenazgo supondría en contactar con otras instituciones, para asegurar los nueve meses de estudios en el extrangero. Para ello se apoya también en las declaraciones de los estudiantes, ya que muchos de los erasmus que se van solo un semestre lamentan luego no haber alargado su estancia durante todo el año académico.

La otra gran universidad pública de la Comunidad Valenciana, la Universitat de València, también ha decidido crear ayudas propias para ampliar la estancia en el extranjero de sus erasmus, que este año ascienden a 1.471.

Fuentes

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A ver si aprendemos

Hay veces que ya no sé que pensar, ya no sé que tipo de país somos, o que tipo queremos ser. Oigo una noticia sobre la expulsión de inmigrantes de Bélgica por suponer una carga para su Estado. Oigo que la tercer mayor cantidad de expulsados corresponde a españoles, después de rumanos y búlgaros. Oigo que es una vergüenza que echen así a ciudadanos europeos, que eso infringe la normativa europea y el espíritu unionista. Oigo decir que los inmigrantes van a trabajar a Bélgica, que porqué los expulsan. Sigo oyendo un debate que a menudo se vuelve contradictorio, y empiezo a pensar.
Hace tan solo diez años, España era la gran superpotencia que iba a arrasar con todo, que no iba a tener rival y que podía compararse con el gigante estadounidense. Los delirios de grandeza de nuestros políticos, sí, delirios, nos condujeron a un agujero negro, pero por aquel entonces nadie pensaba en agujeros, y menos, negros. Como éramos tal superpotencia empezó a llegar gente de muchos países diferentes, buscando en nuestro país una suerte que no tenían en el suyo. Buscaban una oportunidad de mejorar sus condiciones de vida, haciendo los trabajos que muchos españoles declinaban hacer.
Con el paso del tiempo la comunidad extranjera en nuestro país aumentó, en los pueblos pequeños se hizo frecuento la presencia de nuevas familias y empezaron a surgir las primeras suspicacias. Los sectores más conservadores iniciaron ataques contra los extranjeros con la ya tan célebre frase «nos quitan el trabajo» —porque, recordemos, mientras los que vienen de fuera tengan dinero los recibimos con los brazos abiertos, pero que no vengan pobres que esos sí que nos molestan—. Los inmigrantes tuvieron que sufrir desprecios públicos, acusaciones infundadas y faltas de respeto múltiples. Pero por aquel entonces parecía que se lo merecían, que si éramos ricos nos lo teníamos que quedar todo para nosotros, que como siempre seríamos ricos no necesitábamos ayuda.
Pero la vida es así, y nadie imaginaba, o tal vez tan solo unos pocos que no se atrevieron a acabar con la fiesta, que 10 años después nosotros seríamos los inmigrantes, los que van a otros países a buscar oportunidades, a hacer el trabajo que los otros no quieren, los que piden ayudas sociales en otros países… Ahora nos indignamos por el trato que muchos ingleses, belgas o alemanes tienen contra nosotros. Si nosotros hasta hace nada éramos del grupo, éramos colegas… ¿qué ha pasado? A ver si aprendemos, no seamos tan hipócritas.

Carla Mouriño Sapiña.

Cuesta abajo y sin frenos

Próxima parada: Vodafone Sol. Eso escuché, atónita, la primera vez que mis pies se posaron sobre el metro de Madrid.  No daba crédito. El nombre de una estación de tren, adquirido por una compañía de telefonía. Allí estaba, el logo de Vodafone, eclipsando la mítica parada de la Puerta del Sol, y todo a cambio de un cochino millón de euros. Lo mejor es que este exitoso sistema de publicidad, el naming, ya se ha apeado en Valencia, donde Fabra se frota las manos por ver cuántas empresas contestan a las ofertas para nombrar paradas de nuestro tristemente célebre metro. Y ahora, yo me pregunto, ¿cuántas cosas más vamos a poner a la venta bajo la tiranía del déficit? ¿Qué va a ser lo próximo en salir al escaparate de las rebajas públicas? Todavía no se me ha olvidado la imagen de nuestro presidente autonómico, con el rostro compungido por tener que exterminar RTVV, «porque no llegamos». Y de dónde no hay… pues ya se sabe. Así que, siguiendo esa lógica aplastante de la destrucción, y con la honorable intención de sacar dinero hasta de debajo de las piedras (porque debajo del circuito de Fórmula 1, de las servilletas de Calatrava y de las donaciones a Nicaragua, pues dinero ya no debe quedar mucho) resulta cuanto menos evidente que, si estamos dispuestos a vender nuestra salud, ¿qué más le dará al difuntísimo Colón ceder su nombre a cambio de algo de dinero? Porque, al final, todo se reduce a eso.

A veces pienso en el mundo que legaremos a nuestros descendientes, o supervivientes, a este paso. De seguir por esta inaguantable senda de la austeridad y los apretones de cinturón, ese mundo, paradójicamente, ya no será nuestro. Porque, a todas luces, la obcecada austeridad diluirá los esfuerzos de aquellos que pagaron unas pensiones, una sanidad y una educación públicas en el vasto páramo del libre mercado, sin barreras, sin obstáculos, sin nosotros. Es aquello tan ilustre del «todo para el pueblo, pero sin el pueblo»: el pueblo ya no tendrá déficit, el pueblo tendrá un mercado amplísimo, estaciones de metro donde anunciar empresas y un trozo de tierra para montar un colegio, un hospital o una granja. Pero todos habremos perdido la seguridad que proporciona el colchón público. La seguridad y, no nos engañemos, también los valores. El valor de que no vale todo, la importancia de la protección, la compasión y la solidaridad. En un mundo sin barreras tampoco habrá redes que nos protejan de las caídas: no tendremos la seguridad del colegio público; de unas urgencias universales, ni siquiera el seguro de la historia, el resguardo de que se puede hacer justicia, aunque sea con una mención en el transporte. En ese futuro, solo habrá dinero: no para todos, no de todos. Pero dinero, al fin y al cabo. Será el dinero quien acabe por extinguirnos en esta carrera imposible que no sabemos cómo detener. Próxima parada: Sálvese quien pueda.

Isabel Villar Hernández

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Y quién es él

La nueva ley del aborto aprobada por el ministro Gallardón impone a las mujeres la obligación de ser madres, independientemente de cual sea su voluntad y sus condiciones de vida. La nueva ley no protege al concebido no nacido; más bien coarta a la persona, a la mujer. Pero, en esta situación no cabe más que preguntarse qué pasa con los hombres. Porque, hasta donde yo sé, si ese chavalillo que ha dejado embarazada a una adolescente —ahora incapacitada para decidir libremente si quiere abortar o no—, opta por hacer las maletas e ir a por tabaco, Gallardón no lo perseguirá hasta el infinito con ese discurso constante y lastimero del derecho a la vida de los no natos. De esta situación, las mujeres solo podemos extraer una conclusión: nos toca a nosotras, eternamenta subyugadas por el la obligación materna de debernos a los demás. Si la antigua ley nos dejaba la libertad para decidir, con esta se nos impone una decisión. Pero solo se nos impone a nosotras. Porque somos las mujeres quienes tenemos que cargar eternamente con el peso de servir al resto, de renunciar a nuestra vida en favor de la de los demás.  Gallardón se ha afanado en recordarnos que somos las mujeres quienes debemos asumir el peso de la vida; quienes estamos obligadas, por ley, a renunciar a todo por un embarazo. Los hombres, no. Ellos no tienen la obligación, sino la opción, que es bien distinto. Sobre nosotras recae la lacra del egoísmo y la crueldad si decidimos abortar, si decidimos pasar por el horrible trance de la interrupción del embarazo. Y ahora esa lacra se ha convertido en delito. Pero no para ellos. ¿Por qué nosotras somos diferentes? ¿Por qué yo, como mujer, tengo que asumir la obligación de ser madre, contra mi voluntad? Ah, porque me lo dice un hombre.  Un hombre que ha decidido actuar como un omnipresente Gran Hermano, controlándolo todo, llegando hasta los rincones más íntimos de la vida de las mujeres, legislando sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro útero, sobre nuestra libertad. ¿Quién es él para hacerme eso? 

Isabel Villar Hernández

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Manifiéstate, manifiéstate

La crisis nos ha complicado a todos la existencia. Los recortes en los pilares fundamentales del Estado del Bienestar, sin embargo, no han pasado por la superficie de la sociedad española. Lo cierto es que, en los años que dura la crisis el número de manifestaciones y protestas ciudadanas han aumentado enormemente, y no solo de forma cuantitativa, sino también desde el punto de vista cualitativo, más allá de los resultados que las mismas han podido obtener. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando? El derecho de huelga, la posibilidad de manifestarnos, y los números se detallan a continuación. Además, ofrecemos un repaso por el sombrío panorama que nos promete la nueva “Ley de Seguridad Ciudadana” que prepara el Ministerio del Interior.

El derecho a huelga: evolución histórica
Hoy en día: la ley Fernández
La protesta ciudadana durante la crisis
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El derecho a huelga: evolución histórica

En España la prohibición de la huelga y su consideración como delito duró hasta el año 1909, donde se reguló por primera vez el derecho a la huelga. En los años siguientes se establecieron comités permanentes y temporales para resolver conflictos. No fue hasta el Código Penal de 1932, cuando la huelga dejó de ser considerada delito.

No obstante, con la llegada del franquismo se instauró desde el Fuero del Trabajo la prohibición total del derecho a huelga: se consideraban delito los actos individuales o colectivos que perturbaran la producción.Así, durante los casi cuarenta años de dictadura, las protestas y movilizaciones fueron ínfimas, por no decir inexistentes.

Con el fin del régimen franquista, y la apertura del periodo preconstitucional, se celebró una huelga que contó con el apoyo de los sindicatos mayoritarios, tanto europeos como españoles. En este momento los españoles contaban con la aprobación de un Real Decreto Ley sobre relaciones de trabajo del 4 de marzo de 1977 que anulaba la normativa del franquismo, estableciendo una serie de condiciones para que una huelga fuera legal.

Esta norma anterior a la Carta Magna actual sigue vigente y el Tribunal Constitucional la considera aplicable:

  • Prohíbe que el empresario sancione al trabajador por el ejercicio de su derecho a huelga.
  • La no percepción del salario durante la huelga de los trabajadores que la siguen.
  • Los huelguistas siguen de alta en la Seguridad Social.
  • Se tiene que respetar la libertad de trabajo de aquellos trabajadores que no quieran sumarse a la huelga.
  • Se han de respetar los servicios mínimos.
  • La no contratación de otros trabajadores con el fin de sustituir a los huelguistas, conocidos comúnmente por esquiroles.
  • La habilitación para que trabajadores en huelga puedan efectuar publicidad de la misma, en forma pacífica (piquetes informativos).
  • La huelga es ilegal si se produce por motivos políticos, cuando pretenda alterar lo pactado en un convenio colectivo vigente o contradiga la legislación al respecto.

Finalmente, meses después a esta primera huelga de la democracia, se aprobó la Constitución de 1978, que reconoce en su artículo 28.2 “el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses”.

Además, en el artículo 37.2 “se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que se puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.”

Dibujo sobre la regulación del derecho de manifestación. Fuente: Google

Dibujo sobre la regulación del derecho de manifestación. Fuente: Google

Ambos artículos establecen una regulación clara del derecho a huelga, además de, evidentemente, reconocerlo en la norma suprema de un Estado soberano, cosa que supuso un importante avance en el reconocimiento de muchos más derechos. De este modo, los españoles vieron reconocido su derecho a protestar en forma de huelga contra las condiciones laborales o económicas que considerasen oportunas en cada contexto político-económico.

Pero no solo las huelgas existen como forma de protesta, las movilizaciones pacíficas que hacían —y hacen— salir a la calle a miles de personas también son dignas de análisis.

Durante la dictadura las protestas estaban prohibidas, y lo habitual eran las movilizaciones multitudinarias que organizaba el propio régimen para generar una sensación de apoyo masivo de la población. Así, de cara a la opinión pública y al panorama internacional el franquismo parecía un régimen permisivo que autorizaba las manifestaciones, claro, siempre a su favor. Con la transición y el paso hacia la democracia, se estableció en el artículo 21 de la Constitución que en relación a las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, se exige la comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración de orden público. Posteriormente se detallaron algunos asuntos respecto al derecho de reunión en la Ley Orgánica 9/1983 que determina que se podrá ejercer el derecho de reunión cuando se cumplan los requisitos siguientes:

a) Las que celebren las personas físicas en sus propios domicilios.

b) Las que celebren las personas físicas en locales públicos o privados por razones familiares o de amistad.

c) Las que celebren los Partidos políticos, Sindicatos, Organizaciones empresariales, Sociedades civiles y mercantiles, Asociaciones, Corporaciones, Fundaciones, Cooperativas, Comunidades de propietarios y demás Entidades legalmente constituidas en lugares cerrados, para sus propios fines y mediante convocatoria que alcance exclusivamente a sus miembros, o a otras personas nominalmente invitadas.

d) Las que celebren los profesionales con sus clientes en lugares cerrados para los fines propios de su profesión.

e) Las que se celebren en unidades, buques y demás establecimientos militares, que se regirán por su legislación específica.

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Hoy en día: la ley Fernández

“La reforma es necesaria conveniente y oportuna”, con este razonamiento el Gobierno articula su nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

José Fernández Díaz, ministro de Interior. Fuente: La Vanguardia

José Fernández Díaz, ministro de Interior. Fuente: La Vanguardia

¿Es realmente necesaria? El Gobierno asegura que la aparición de la nueva ley surge con motivo de la eliminación de las faltas del Código Civil, a raíz de la reforma del mismo. De este modo, las conductas que anteriormente eran faltas, se convierten ahora bien en delitos, bien en infracciones administrativas. Esto supone que, aquellas conductas catalogadas como infracciones, y reguladas en la LEy de Seguridad, no necesitarán la intervención judicial, simplemente la acreditación policial de que dicha conducta infractora se ha llevado a cabo. La Ley Fernández, pues, incluye en sus 55 nuevas infracciones repartidas entre infracciones leves, graves y muy graves, el objetivo de suprimir las protestas en la calle y preservar el orden público, dado el reivindicativo que se está dando en nuestra sociedad.

El Anteproyecto ha sufrido gran variedad de modificaciones desde la filtración de este en los medios, en concreto destaca la reducción de 21 sanciones consideradas muy graves a 7, el resto pasaron a ser simplemente graves. Además por otro lado, aparecen sanciones adaptadas al nuevo panorama tecnológico: compartir o difundir fotografías con comentarios jocosos de policías o exhibir símbolos preconstitucionales será sancionado si incitan a la violencia .

Por ejemplo, el proyecto de ley prohíbe concentraciones o manifestaciones no autorizadas delante de las cámaras de representación tanto nacionales como autonómicas, considerando este acto como “grave” –aunque los primeros borradores lo consideraban como falta “muy grave”– y, en consecuencia se imponen –a quiénes participen, dirijan o convoquen– sanciones hasta 60.000. También, la policía podrá vetar un determinado perímetro urbano público para preservar el orden o la intimidad privada. La última novedad que ha incluido el ministro a este Anteproyecto es la de ampliar el ámbito de actuación de la seguridad privada, aumentando, así, el negocio de vigilancia en detrimento de la contratación pública.

Otra de las curiosas novedades es que los padres o tutores deberán hacerse cargo de las sanciones. Sin embargo, los padres o tutores no pueden ser responsables de las sanciones, sino que deberán responder como responsables subsidiarios de los daños causados.

Todas estas propuestas, hacen pensar que son consecuencia de protestas como las del “25-S: Rodea el Congreso” o los escraches a políticos. De hecho, el Ministerio de Interior ha afirmado que llevan tiempo trabajando en esta ley, pero que se ha lanzado ahora dado que no hay tanta convulsión social para que, de este modo, no se genere “debate” sobre esta. Además ha incidido en que la Ley en “necesaria” argumentando que si no se incorporasen habría “figuras en el Código Penar que quedarían en el limbo jurídico”, y advierte que se “preservan” los derechos de libertad de expresión.

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La protesta ciudadana durante la crisis

España, ahogada por la crisis económica desde 2008, presencia a diario huelgas y protestas en rechazo a las medidas de austeridad propuestas por el Gobierno, que busca encontrar una salida a la crisis a cambio de nuestro Estado del Bienestar.

Poco a poco, desde los inicios de la crisis,el número de ciudadanos que se han unido a marchas en contra la situación por la que está pasando el país ha aumentado. En definitiva, protestas de todos los colores, pero que se centran mayoritariamente en un denominador común, la crisis.

En 2004, antes del arranque de la crisis, se registraron 10.568 manifestaciones o concentraciones, según las estadísticas del Ministerio de Hacienda y Manifestaciones Públicas. En el año que estalló la crisis, 2008, se contabilizaron 16.118. Y dos años después, en 2010, este número ya alcanzó la cifra de casi 20.000 protestas. A partir de 2011 el número de manifestaciones y concentraciones se multiplicaron, en España se celebraron 23.248 manifestaciones. Fue en este año cuando surgió el movimiento del 15M y de los indignados, una serie protestas que se han extendido hasta la actualidad.

Imagen de las manifestación del 15 M en la Puerta del Sol, Madrid

Imagen de las manifestación del 15 M en la Puerta del Sol, Madrid

Según datos del Ministerio del Interior durante el 2012, primer año de la legislatura de Mariano Rajoy, fueron casi 44.000 las manifestaciones contabilizadas, unas 120 al día. En ocho años, las manifestaciones se han multiplicado por cuatro. Estas cifras reafirman el malestar social que se ha generalizado en todo el país.

Por otra parte, este año también se ha notado un ascenso en las manifestaciones comunicadas a la Administración en relación al anterior. En el caso de Cataluña, la cifra de manifestaciones comunicadas a la Dirección General de Administración de Seguridad de la Generalitat se ha duplicado, pasando de las 3.287 del año pasado a 6.485 hasta el pasado 2 de diciembre, según cifras facilitadas por la Conselleria de Interior. Comunicar las manifestaciones es una muestra de que los manifestantes quieren expresarse de manera democrática y legal, al mismo tiempo que hacer constar su que desagrado con las medidas del Estado.

Activistas de la PAH. Fuente: El País

Activistas de la PAH. Fuente: El País

Las preocupaciones relacionadas con el ámbito laboral motivan la mayor parte de las manifestaciones, seguido de las medidas políticas y legislativas que recortan los derechos de los ciudadanos. Prácticamente no hay sector público y privado que se libre de cualquier tipo de protestas. Un plato amargo para el gobierno, que ya ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana, con importantes novedades que en algunos casos chocan con estas expresiones de indignación popular.

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Os dejamos un vídeo de Salvados, donde el periodista Arturo Pérez-Reverte habla sobre las formas de protesta ciudadanas, el problema al que se enfrentan los españoles en lo que se refiere a las formas de protesta, entre otras cuestiones. Porque la vida parece que sigue igual… pero en el fondo de todos nosotros, algo ha cambiado.

 

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Nuestro fenómeno

Salta a la vista que hoy los españoles nos manifestamos más, que han evolucionado las formas de protesta, que han proliferado las huelgas y las marchas contra instituciones estatales que han decepcionado a buena parte de los ciudadanos. Pero, ¿cuál es esta nueva realidad? En Siete Días os contaremos la historia de las huelgas en España, la evolución de la legislación sobre las formas de protesta y las cifras de manifestaciones y huelgas que la crisis nos ha dejado. Pero habrá que esperar hasta el viernes para ver la evolución del fenómeno de la protesta. ¡No os lo perdáis!

Imagen de las manifestación del 15 M en la Puerta del Sol, Madrid

Imagen de las manifestación del 15 M en la Puerta del Sol, Madrid

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Un drama

Esto sí que es un drama. Esto sí que es grave. Este fin de semana, como muchos sabréis, han fallecido tres miembros de una familia, la hija más pequeña sigue grave en el hospital, por intoxicación alimentaria. Comían alimentos caducados, comían lo que los vecinos les daban, lo que sobraba, lo que había en los contenedores.
Esta es una de las consecuencias más terribles, por calificarlas de algún modo, de esta crisis que nos ahoga cada día. Miles, sino son millones, de familias en nuestro país, tan avanzado que creíamos que era, se encuentran bajo el umbral de la pobreza. Son madres, padres, abuelos, niños, adolescentes, que están viviendo casi en la miseria. Todo empieza igual: un miembro de la familia se queda en paro, luego viene el otro, pasan los meses y las ayudas del paro se acaban, y entonces viene la nada. El vacío.
Gente que era de clase media, que pagaba un piso, tenía coche y por supuesto, ningún problema para alimentarse y alimentar a sus hijos, se ve abocada a la pobreza, a perder su casa, a ocuparla para tener un techo, a buscar en la basura, a no saber qué llevarse a la boca, pero sobre todo, a no saber qué darles a sus hijos.
No puedo estar más triste, pero tampoco más enfadada, porque los ricos cada vez tienen más y el resto cada vez tenemos menos y esto lo legitiman los poderes públicos. Ya no hablo de partidos políticos, hablo de país, hablo de Estado, que no nos pueden dejar caer así, que no pueden seguir ayudando a los grandes y dejando de lado a los pequeños, que somos mayoría, aunque a veces se les olvida.
Esta familia había solicitado una ayuda que tarda diez meses en llegar, ¿alguien pensó cómo podría sobrevivir esta familia todo este tiempo? ¿alguien piensa en esas dos niñas? ¿y en los padres, luchando para poder alimentarlas? Estamos hablando de comida, ni siquiera de casa, de comida.
Ahora, si la más pequeña sobrevive, si consigue seguir luchando por su vida, a ver cómo le explicamos que todo sigue igual, que este sistema arrollador ha acabado con su familia, y con muchas otras si no lo solucionamos, que los políticos, que en teoría nos representan a todos, siguen sin hacer nada, que siguen echándose la culpa unos a otros, como niños. Esto sí que es un drama. Esto sí que es grave.

Carla Mouriño Sapiña

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Mireia Belmonte sigue imparable

Mireia celebra su victoria. (Fuente: EFE)

Mireia celebra su victoria. (Fuente: EFE)

La nadadora Mireia Belmonte bate un nuevo record de España en la prueba de los 400 estilos en piscina corta, tras parar el crono cuando marcaba 4:21,23 en los Europeos de Herning.

Belmonte se ha quedado a menos de un segundo de la plusmarca mundial, 4:20,85, que pertenece a la húngara Katinka Hosszu, quien ha sido hoy derrotada por la española.

En la prueba, Mireia ha conseguido una primera plaza de manera muy cómoda, los comentaristas se han referido a la carrera como un «paseo imperial de Mireia», donde la catalana se ha visto claramente superior.

Con este nuevo oro, ya son cuatro las veces que sube la nadadora a lo alto del pódium en los Europeos de Herning, después de ganar en las pruebas de 400m libres, 800m libres, 400m estilos y 200m mariposa, prueba con la que la española consiguió batir el record de Europa.

Consiguiendo estas marcas Belmonte se despide de un año brillante en su carrera deportiva. La catalana recordará 2013 por haber conseguido 33 medallas y tres records mundiales en diferentes pruebas: 400m libres en la Copa del Mundo de Natación en Berlín, 800m libres en el mismo campeonato y 1500m libres en el Campeonato de España, celebrado el pasado noviembre en Castellón.

Las admirables actuaciones de los nadadores nacionales han consagrado la época dorada de la natación española. Y es que, en cuestión de una década, este deporte ha dado un viraje directo al éxito.

En el último periodo de cuatro años (2009-2012) los nadadores españoles han conseguido 11 medallas en Campeonatos del Mundo absolutos, mientras que en el ciclo anterior (2005-2008) se habían conseguido tres medallas y solo una medalla en el previo (2001-2004).

Y el futuro de este deporte no es menos prometedor, entre 2009 y 2012 los nadadores españoles de categoría junior han conseguido 30 medallas en Campeonatos de Europa, algo impensable diez años atrás o comparándolo con las nueve medallas del periodo entre 2005 y 2008.

La natación española ha mejorado en estos últimos años tanto cualitativa como cuantitativamente y, si el ritmo no para, nos queda mucho que disfrutar con este deporte.

La Ley de “Seguridad/Represión” Ciudadana levanta polémica

Ya hace una semana que el ministro de interior ha presentado su proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Esta Ley estrella del Gobierno lleva consigo cada vez más polémica, tanto que ya ha sido bautizada como la Ley de “represión ciudadana”.

Esta nueva ley sustituirá a la que fue impulsada en 1992 por el socialista José Luís Corcuera. En  este borrador, básicamente, se mantienen las mismas sanciones, pero se incluyen agravantes a estas y se amplían las prohibiciones.  La Ley Fernández, pues, incluye 55 nuevos artículos que tienen como objetivo suprimir o controlar las protestas en la calle  y preservar el orden público. Por ejemplo, el proyecto de ley prohíbe concentraciones o manifestaciones no autorizadas delante de las cámaras de representación tanto nacionales como autonómicas, considerando este acto como “muy grave” e imponiendo –a quiénes participen, dirijan o convoquen– sanciones de 600.000 euros. También, la policía podrá vetar un determinado perímetro urbano público para preservar el orden o la intimidad privada. La última novedad que ha incluido el ministro a este Anteproyecto es la de ampliar el ámbito de actuación de la seguridad privada, aumentando, así, el negocio de vigilancia en detrimento de la contratación pública.

José Fernández Díaz, ministro de interior, hace sus primeras declaraciones ante los medios de comunicación sobre la nueva Ley durante su visita a la planta de Martorell de Seat. Fuente: La Vanguardia.

José Fernández Díaz, ministro de interior, hace sus primeras declaraciones sobre la nueva Ley durante su visita a la planta de Martorell de Seat. Fuente: La Vanguardia.

Dichas propuestas, hacen pensar que son consecuencia de protestas como las del“25-S: Rodea el Congreso”, los escraches a políticos y las protestas de grupos como Greenpeace. El Ministerio de Interior ha afirmado que llevan tiempo trabajando en esta ley, pero que se ha lanzado ahora dado que no hay tanta convulsión social para que, de este modo, no se genere “debate” sobre esta. Además ha incidido en que la Ley en “necesaria” argumentando que si no se incorporasen habría “figuras en el Código Penar que quedarían en el limbo jurídico”, y advierte que se “preservan” los derechos de libertad de expresión.

Los grupos de la oposición no opinan lo mismo ya que han denunciado que atenta directamente contra los derechos de los ciudadanos y contra la democracia. En la primera sesión de control el PSOE han focalizado sus intervenciones en lo que respecta a los derechos y las libertades de los ciudadanos. “Ustedes han aprobado una ley de seguridad privada para beneficiar a intereses privados; detrás de un recorte siempre hay un interés económico, pero nunca pensamos que lo iban a hacer con los derechos y libertades”, ha acusado la portavoz socialista, Soraya Rodríguez.  Eduardo Madina, diputado socialista, ya declaró que el PSOE rechazaría la ley “radicalmente” y “la recurrirá ante el Tribunal Constitucional” cuando sea aprobada. Ya que de de no ser aprobada por la Cámara Baja, será el Ejecutivo quien lo haga.  Su compañero socialista Antonio Trevín, portavoz de Interior del PSOE, calificó el pasado mes, cuando el Ejecutivo presentó el Anteproyecto, de ser una ley “predemocrática” ya que  pretende “embridar el derecho de manifestación, que es un derecho fundamental protegido por la Constitución” y porque recuerda el concepto de “orden público, que es algo anterior a la Transición”. Joan Coscubiela, portavoz de Izquierda Plural, ha puntualizado que si la ley Corcuera ya era una “patada en la puerta”, esta del PP debería llamarse “ley de la parada en la boca a la democracia”, dado que abre una “ofensiva brutal contra los derechos civiles”.

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España vs. el desempleo

No hay duda de que es nuestra mayor enfermedad, que nos persigue y nos preocupa cada día. Ocupa nuestras conversaciones con familiares, amigos y compañeros, de trabajo o de lamentos. Es el paro. Azota nuestro país y parecemos incapaces de hacerle frente. Parece la única salida a esta espiral de la crisis que parece no tener fin. Pero más empleo, ¿a qué precio? ¿qué pasa en España con el desempleo? Desde Siete Días, nos hacemos todo tipo de preguntas sobre el paro en nuestro país. Adelante.

Imagen de personas paradas haciendo cola a las puertas de una oficina de empleo.

Imagen de personas paradas haciendo cola a las puertas de una oficina de empleo.

¿Cuánto paro hay en España?
Los últimos datos presentados cifran en 4.808.908 personas de desempleadas en cuanto al paro registrado. Esto significa 2.475 parados menos que el mes anterior.
En cuanto a las afiliaciones de la seguridad social se vuelve a destruir empleo, ya que descienden en 66.829 afiliados.
Aunque el empleo que se genera es precario, ya que los contratos indefinidos solo representan un 7,5% del total, y la contratación temporal aumenta un 9%.
Mientras que los últimos datos de la EPA correspondiente al tercer trimestre de 2013, cifran en 5.904.700 los parados de nuestro país.
Para entender mejor todos estos datos, hemos de saber qué tienen en cuenta los diferentes medidores.

¿Qué es el paro?
Se considera que una persona está en paro cuando busca activamente empleo y no lo encuentra. Hay diferentes maneras de contabilizarlo: a través del Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM) y de la Encuesta de Población Activa (EPA).
En el Servicio Público de Empleo se contabiliza el paro registrado, es decir, aquellas personas que se han apuntado en alguna oficina de empleo con el objetivo de encontrar trabajo. No obstante, quedan excluidos colectivos como los estudiantes que buscan su primer empleo, personas apuntadas a cursos de formación del propio Servicio y aquellos que hayan recibido subvenciones agrarias. Además, no todos los parados tienen la obligación de inscribirse en una oficina de empleo, solo aquellos que tengan derecho a recibir una subvención por desempleo o que quieran beneficiarse de las políticas activas de empleo.
Mientras que en la EPA, una encuesta realizada por teléfono a 60.000 familias trimestralmente, tiene en cuenta también a aquellos desanimados, o que deciden no apuntarse a las oficinas de empleo. Por ello, aquellos mayores de 16 años que no tengan empleo las cuatro semanas anteriores a la encuesta, lo busquen activamente y estén disponibles a trabajar en las dos posteriores, se consideran desempleados a ojos de la EPA.
Las diferencias en los requisitos que deben cumplir las personas para ser desempleadas es lo que determina que en la Encuesta de Población Activa el número de parados sea habitualmente mayor que en el paro registrado.
Se suele dar mayor credibilidad a la EPA ya que tiene en cuenta diversos factores que incluyen a personas que realmente no tienen trabajo, aunque hayan desistido buscándolo.

¿Qué es la afiliación a la Seguridad Social?
Cuando una persona va a iniciar una actividad laboral determinante de su inclusión en la Seguridad Social, es decir, cuando una persona encuentre un trabajo necesita un número de afiliación a la Seguridad Social para cotizar la cantidad correspondiente.
Es un dato bastante aclarador de la situación del mercado laboral, ya que muestra cuántos contratos se están firmando realmente.

Evolución del paro en España
Nuestro país nunca ha sido un lugar que tradicionalmente presentara unos datos de desempleo bajos. Bien por la temporalidad, ya que en verano se genera gran cantidad de empleo derivado del turismo y los servicios, o bien por la naturaleza del mercado laboral, que impulsa una serie de empleos muy dependientes de la coyuntura.

evolución paro

Evolución del paro registrado desde 2007.

En los mejores años para nuestra economía, la tasa de paro registrado era de un 8% , el desempleo era absorbido por la vorágine de la construcción que generaba grandes cantidades de puestos de trabajo tanto directos como indirectos, cosa que suponía basar la marcha de una economía en un modelo de baja productividad económica pero con capacidad para crear mucho empleo. Ese fue el principio de nuestra ruina.

Relación con la emigración

El Españolisto, del programa ‘El Objetivo’ encabeza nuestra explicación, para que lo podamos entender todo mucho mejor:

Todos los datos de paro registrado o EPA pueden ser fácilmente confusos si tenemos en cuenta el fenómeno migratorio que está sufriendo nuestro país. Miles de jóvenes se van cada mes de España porque aquí no encuentran su oportunidad, de manera que se descuentan tanto del paro registrado como de las afiliaciones de la Seguridad Social. El paro registrado baja, pero maquillado por las salidas masivas al extranjero, las afiliaciones siguen bajando, cosa que muestra que no se están firmando nuevos contratos.
La EPA sí que contabiliza la emigración, y recoge que sobre 33.000 jóvenes por trimestre están abandonando nuestro país.
La mayoría de estos jóvenes, de entre 20 y 29 años, prueban suerte en Europa, por la cercanía y por las ventajas que supone pertenecer a la Unión Europea. Aunque con el paso del tiempo, otros continentes, sobre todo el Americano, reciben a más españoles.

Aquí uno de los vídeos que corrió por la web relacionado con la situación de muchos jóvenes que se han visto forzados a abandonar España:

Jóvenes y paro
El paro en nuestro país es una lacra, pero el paro entre los jóvenes nos sitúa a la cola de Europa junto a Grecia. El paro juvenil se cifra en un 56,4%, la peor cifra después de la griega, esto significa que más de la mitad de jóvenes que busca trabajo, no lo encuentra.

Paro juvenil Cadena SER

Gráfico que compara el paro juvenil en diferentes países europeos. Fuente: Cadena SER.

En comparación con el resto de países europeos, España —seguida del resto de países periféricos— presenta una situación claramente desfavorable, doblando la media europea. Una de las opciones que se dio desde Alemania fue la implantación de los mini-jobs, una serie de puestos de trabajos de menos de 15 horas semanales, y remunerados, en el caso del país germano, con alrededor de 400 euros al mes. Si queréis saber más pulsad aquí.
En nuestro país, se está formando una generación que no puede trabajar de lo que ha estudiado y que consigue trabajos que requieren de una formación inferior a la suya y además mal pagados.
Esta situación provoca que la edad de emancipación aumente considerablemente, unos jóvenes sin empleo o con uno muy precario no pueden permitirse mantener un hogar, y mucho menos comprarlo. Además, la edad de casarse y de tener descendencia también se incrementa debido a la crisis y a la falta de estabilidad laboral.

Empleos precarios
Otro problema importante en España es la precarización del empleo. Esto significa que, de los pocos contratos que se firman, en su mayoría son temporales, mal pagados y con muchas horas de trabajo. Además, la titulación del contratado no suele coincidir con el trabajo que desempeña, de manera que hay gran cantidad de sobrecualificados. Muchas veces, en los empleos que se ofrecen el salario es inferior a la prestación por desempleo.
Y no solo eso, los parados de larga duración aumentan, es decir, aquellas personas que perdieron su trabajo hace tres o cuatro años, que o ya han perdido la prestación o sobreviven con el subsidio mínimo, se incrementan. Esto genera hogares prácticamente sin ingresos, desatendidos, abocados a la marginalidad y la pobreza por la imposibilidad de encontrar trabajo.
No hay que olvidar a los que siguen trabajando, ya que muchos han perdido gran parte de sus derechos, les han reducido el sueldo y trabajan bajo presión de perder su puesto cada día. Los empleados también sufren esta precarización paulatinamente en sus carnes, ya que ven como en la misma empresa que entraron con unas condiciones, ahora, aprovechándose de la situación y protegidos por la reforma laboral, los empresarios se benefician de sus empleados con total impunidad.
Aquí en un programa de Salvados, Fernando Luengo, profesor de economía de la UCM, que habla de ‘precariado’:

Una realidad inevitable
Para entender mejor lo que supone el paro en nuestro país tenemos un gran ejemplo que ha sucedido estos días: se registraron un total de 20.000 solicitudes en dos días para trabajar en el IKEA de Alfafar (Valencia). La web se colapsó y el proceso de selección se tuvo que detener ante la avalancha de peticiones en tan poco tiempo.

Ikea alfafar

El nuevo Ikea de Alfafar en plena construcción. La inauguración está prevista para verano de 2014.

La instalación de una multinacional que tiene la capacidad para ofrecer 400 puestos de trabajo directos y 80 indirectos se presenta, para muchos, como la oportunidad de oro para conseguir un empleo.
Cada vez son más las personas que tienen dificultad para encontrar trabajo y cada vez es más fácil perderlo. Aprovechándose del contexto complicado muchas empresas llevan a cabo despidos improcedentes, o bien, se amparan en una reforma laboral que da todo tipo de garantías a las empresas y pocas a los trabajadores.
Esto se traduce también en un aumento exponencial de las demandas de ex trabajadores a sus empresas por incumplimiento de requisitos para realizar un despido. En este sentido, las autoridades judiciales están mostrando una gran empatía por los empleados, ya que las sentencias, en su mayoría, están resultando perjudiciales para las empresas.
Todo esto nos lleva a imaginar un futuro negro, donde el hallazgo de un empleo bien pagado y acorde con los estudios es muy complicado. No obstante, desde las altas esferas, tanto internacionales como nacionales, se pueden impulsar medidas y reformas laborales que no conduzcan a la precarización de los empleos y a la desaparición de la clase media, que más está sufriendo los efectos de las políticas austeras.

Fuentes: El País, El Mundo, Instituto Nacional de Estadística, Seguridad Social, ABC, Invertia.

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