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Había una vez, nuestro circo

El mundo se ha convertido en un circo de tres pistas, de esos que se anuncian en los carteles con elefantes albinos y tiburones blancos montados sobre el hocico de una foca amaestrada, pero que luego solo incluyen algunos monos malcriados y payasos tenebrosos. A ver quién la suelta más gorda, a ver quién la tiene más grande. A ver quién queda mejor en los carteles. Hace unos días, el asesinato a tiros de la presidenta del PP de León, Isabel Carrasco, en mitad de la calle y a plena luz del día, monopolizó el debate público. Un crimen perpetrado con cobardía y crueldad por la nuca, que se llevaba por delante un personaje caciquil, con muchas sombras en su debe, y muchos, quizá demasiados, cargos públicos en su haber. Cabría esperar de una población —entre la que se incluye, por supuesto, la clase política— instalada en el juego democrático, respeto, o cuando menos, prudencia. Pero no. ¿Por qué, pudiendo incendiar los ánimos y conseguir seguidores, pudiendo obtener rédito político de un asesinato, iban algunos a cerrar la inmensa posibilidad de expresión que ofrecen las redes sociales? Haciendo las delicias de fans y secuaces, la incontinencia verbal de unos les llevó a vincular con gozo y sin complejos, el asesinato de Carrasco con los escraches, las sátiras en los medios de comunicación o la incivilizada izquierda radical que se adueña de las manifestaciones y los movimientos sociales. Eso unos. Otros, felices de haberse conocido, decidieron que la muerte de la mujer era algo previsible, justo y necesario. Quien la hace la paga, ya saben. Esas maravillas que se profieren desde bocazas inconscientes, que deben suponer que ellos no han hecho nada nunca para merecer un tiro en la nuca, que los malos son siempre los otros, y que se cargan de razón —de sus razones— para juzgar quién merece y quién no, tres balazos. Pero el asunto no había llegado a su zénit todavía: nada más y nada menos que el Ministro del Interior, envuelto en la bandera de la indignación y único defensor de la decencia, decide que hay que poner coto a las redes sociales para que no acojan indeseables. Y, ¿quiénes son los indeseables, señor Fernández-Díaz? ¿Los que se alegran de la muerte de Isabel Carrasco o los que se la desean a Alberto Garzón? Imagino su respuesta, airada: todos. Pero, llámeme ilusa, no acabo de ver la foto de la caverna política y mediática, esa que arrulla por las noches al Partido Popular, saliendo en tromba a denunciar las hostilidades cibernéticas vertidas sobre la izquierda de este país, o exigiendo con rabia la encarcelación de cuanto gilipollas decida llamar «puta», qué se yo, a Pilar Manjón.

Pero aquí, el que no se apunta al juego de la incontinencia es porque no quiere. Porque tenemos a Cañete, paternalista hasta la seducción, con eso de que debatir con las mujeres es complicado, puesto que, como bien saben todos los hombres de este país, no se puede hacer gala de superioridad intelectual frente a una dama, para no quedar uno de machista, que está mal visto. Y Alicia Sánchez-Camacho, feliz también de haber conocido a Cañete, dice de él que es el «mejor candidato» imaginable. Claro, debe ser que ella, como mujer y como dama, se deja abrumar por la superioridad intelectual del ministro. Imposible resistirse. Y luego, para coronar la semana, el indescriptible debate en el que el antedicho decidió esconder su inteligencia superior y sus poderosos argumentos ante una indefensa y nerviosísima Valenciano. Bien, pues en ese debate, a lo único que asistimos, más allá de la baba colgante de uno, y el flequillo mutante de la otra, fue a la política del arma arrojadiza, que decía Pedro Blanco. Sin referencias a Europa, sin una maldita propuesta constructiva, ni maldita la falta que hace. Un debate compuesto de monólogos huecos, que demostraban que, para ambos, lo único importante es ganar las elecciones — ¿las europeas o las nacionales?—. Y para ello todo vale, desde la herencia recibida hasta el lanzamiento apabullante de consignas, que no propuestas, y eslóganes mediáticos solo aptos para tuits y deleite del electorado embrutecido. Todo páramo, todo yermo, estéril.

Y una ya no sabe dónde meterse, en qué agujero esconder la cabeza para dejar de oír sandeces, para no oír a los que, desde el anonimato de las redes sociales, desean la muerte a todos los políticos; ni tampoco tener que aguantar a quienes, desde la impunidad que proporciona el ejercicio de poder, aseguran que no habríamos de pagar salarios dignos a los jóvenes sin estudios que, y cito textualmente a Mònica Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios, «no valen pa na». Y una servidora se desespera, porque no sabe dónde buscar el discurso ágil pero con argumento, con exposición y tranquilidad. Pero qué quieren que les diga, que la gente continúa yendo al circo a pesar de la engañifa de los carteles, y que yo, no desfallezco. Y también les comunico que, como yo, hay muchas personas que confían en que las cosas pueden ir mejor, en que tienen que ir mejor, sin necesidad de balazos. Porque esa gente sabe que la mejoría está en sus manos: los políticos no dejan de ser reflejo de la sociedad que los encumbra, así que, el meollo, depende de nosotros, y eso es, oigan, una gran responsabilidad. La mejora, la asunción de responsabilidades y la implementación de recetas adecuadas. Somos nosotros quienes tenemos que aprender a educarnos en el respeto, la tolerancia y la justicia. Por nosotros y por los que vendrán. El mundo se derrumba, ya saben, pero muchos seguimos empeñados en enamorarnos.

Isabel Villar Hernández

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La importancia de la Cooperación

Era octubre de 2010 y dos diputadas de Les Corts Valencianes, Clara Tirado, del PSPV-PSOE, y Mireia Mollà, de Compromís presentaron una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción el proceso de adjudicaciones de la Consellería de Solidaridad y Ciudadanía a la “Fundación Cyes”. Estamos hablando del caso Cooperación, un proceso judicial que investiga el desvío de fondos de la Generalitat que deberían haberse dedicado a ayudas al desarollo en Nicaragua. 1.66 millones de euros, de los cuales los nicaragüenses solo vieron 43.000 euros. A veces se nos olvida cuán importante es la cooperación en un mundo cada vez más insolidario.

¿Cómo surge el caso?

El pasado año 2010, la diputada del PSPV Clara Tirado denunció ante la fiscalía anticorrupción las adjudicaciones que desde la Conselleria de Solidaridad, presidida entonces por Rafael Blasco, se concedieron a la Fundación Cyes, por valor de 1,66 millones de euros, destinados a proyectos de cooperación en Nicaragua. La diputada denunció que, de este dinero, solo llegaron al país americano 43.000 euros. La investigación revelaría que el resto de los fondos se destinaron a la compra de dos entresuelos y dos garajes en Valencia.

Además de esta denuncia, la diputada de Compromís Mireia Morà también presentó una denuncia frente a la fiscalía en la que ponía el acento sobre la trama generada en torno a la Fundación Hemisferio. Según la denuncia de la diputada, esta fundación, integrada por empresas y ONG, se habría apropiado de las ayudas que la Conselleria de Cooperación destinaba a proyectos en el Tercer Mundo. Unos fondos que serían desviados hacia cuentas bancarias en España y Estados Unidos.

Andadura judicial

Un año más tarde, el juzgado de Instrucción Nº21 de Valencia, y los fiscales Jesús Carrasco y Vicente Torres empiezan una investigación en secreto, que contempla escuchas telefónicas. Comienzaa así la investigación de uno de los casos más graves de corrupción en nuestra comunidad. Quizá no tanto por el montante del dinero robado, sino más bien por la naturaleza misma del caso. Este juzgado de instrucción empezó unas investigaciones que le llevarían a concluir que la Fundación Hemisferio, encargada de gestionar proyectos de diversas ONG, a través de su presidente, Augusto César Tauroni, era el elemento a través del cual se desviaron alrededor de 6 millones de euros destinados a las ayudas al subdesarrollo. El 23 de febrero de 2012 comienzan las detenciones, un total de 14 en este primer día. Y entre los detenidos, el cabecilla de la trama, Tauroni, que ingresa en prisión por riesgo de fuga. La imputación del exconseller de Solidaridad, el popular Rafael Blasco, llegará en octubre de 2013, una vez el caso haya pasado a manos del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Finalmente, el 7 de enero de 2014 se procedió a la apertura de juicio oral por el caso Cooperación, en un juicio en el que, junto al exconseller Blasco, están imputadas ocho personas (cinco funcionarios de su Consejería y tres responsables de empresas) acusadas de tráfico de influencias , falsedad, prevaricación, malversación y fraude.

Rafael Blasco, exconseller de Solidaridad y principal acusado en el caso Cooperación. fuente: El País

Rafael Blasco, exconseller de Solidaridad y principal acusado en el caso Cooperación. fuente: El País

Blasco, Tauroni, y viceversa

Desde el momento en el que la investigación judicial se ve plagada del nombre de Tauroni, la sospecha recae por extensión sobre el exconseller de Solidaridad y Ciudadanía Rafael Blasco. Y no es que ambos sean de la misma localidad, que también (Alzira), sino que el sumario, las investigaciones y sobretodo las escuchas, dejan patente la estrecha relación entre Blasco y Tauroni, el Conill y el Jefe, según se referían uno al otro. Una relación que se plasmaba en llamadas, encuentros, mensajes telefónicos, enchufes varios, y por supuesto, interés por los negocios compartidos. La investigación no solo plantea que Tauroni utilizara las ayudas que Solidaridad concedía a ONG en beneficio propio, sino que acusa a Blasco de ser conocedor de la trama de su compatriota y sin embargo amigo. Y sobretodo, de ayudarle en sus lucrativos e ilgeales planes. La condición de aforado de Blasco obligó a que su imputación fuera llevada a cabo por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, quien más tarde lo procesó como acusado, situación en la que ahora mismo se encuentra. Como hemos comentado, la base de la acusación de Blasco se encuentra en la relación que mantenía con Tauroni, una relación amigable que hacen suponer que Blasco no solo era conocedor de la trama, sino que ayudó a que esta se fraguara:

  • En primer lugar, en lo que se refiere a la adjudicación de ayudas a la Fundación Cyes, el sumario destaca que Blasco se aprovechó de su situación de conseller para otorgar el 1,66 millón de euros que esta fundación debía dirigir a Nicaragua, a pesar de la disconformiddad del resto de miembros de la comisión de adjudicación.
  • Otro punto clave es la gestación del proyecto de hospital de Haití tras el terremoto que asoló aquel país. Antes de que se adjudicase, personal de Hemisferio y de la consejería preparaban el proyecto en varias reuniones. Y Blasco lo sabía. Este último punto ha dado lugar a una segunda pieza separada del caso Cooperación, sin juicio todavía.
Augisto César Tauroni, en el banquillo de los acusados por el caso Cooperación. Fuente: Levante

Augisto César Tauroni, en el banquillo de los acusados por el caso Cooperación. Fuente: Levante

Así pues, Blasco se enfrenta a un juicio por desvío de las ayudas de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes), destinados supuestamente a proyectos a Nicaragua, pero que terminaron en inversiones inmobiliarias en Valencia, gracias y con el consentimiento de Blasco y otros altos cargos de esta consellería. Para la jueza que procesó al conseller existían “indicios objetivos que permiten sostener que las relaciones entre Rafael Blasco y Augusto César Tauroni no eran las habituales entre el máximo responsable de la Consejería y quienes pretendieran obtener subvenciones de la misma”.

Las conversaciones entre ambos [Tauroni y Blasco] “denotan una estrecha y antigua relación”, un “entorno de conocimiento y favores mutuos”, seála la magistrada.

La defensa de Blasco

En lo que va de juicio, la defensa de Blasco se ha apoyado en su papel como administrador, sin capacidad efectiva de toma de decisiones dentro de la Consellería. Además, el exconseller se ha afando insistentemente en repetir que no mantenía una relación etrecha con Tauroni, el otro cabecilla de la trama. Por el juicio han pasado testigos, funcionarios, trabajadores de las ONG e incluso una becaria de la consellería para certificar que blasco sí tenía poder de decisión, y lo ejercía en favor de las empresas y los negocios de Tauroni en lo que a las adjudicaciones de ayudas se refiere.

El exconseller, Rafael Blasco, junto a otros imputados durante el juicio del caso Cooperación. Fuente: eldiario.es

El exconseller, Rafael Blasco, junto a otros imputados durante el juicio del caso Cooperación. Fuente: eldiario.es

Además, la defensa de Blasco intenta por todos los medios demostrar que la policía, el fiscal y la juez evitaron premeditadamente reconocer que Blasco era objetivo principal de la investigación durante el primer año y medio de caso porque ello les hubiera obligado a trasladar la causa al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), socavando así las pesquisas que en el trámite habrían dejado de ser secretas. Sin embargo, fuentes jurídicas aseguran que esta línea no tiene recorrido ya que la jueza instructura podría haber investigado a Blasco, dada su relación con Tauroni, sin necesidad de elevar la causa al TSJ.

Blasco dejó el Grupo Popular el 25 de junio de 2013, momento en el que presentó en el registro de las Cortes Valencianas una petición para obtener la condición de diputado no adscrito.

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El ‘caso Cooperación’

El próximo viernes, en Siete Días, os traemos un reportaje a fondo sobre el caso Cooperación, que juzga en el Tribunal Superior de Justicia en Valencia el supuesto desvío de fondos desde la Consellería de Solidaridad de la Generalitat, bajo el mando del acusado Rafael Blasco, a inversiones inmobiliarias en Valencia. Unos fondos que deberían haberse destinado a inversión en cooperación en el Tercer Mundo. No os lo perdáis.

El exconseller, Rafael Blasco, junto a otros imputados durante el juicio del caso Cooperación. Fuente: eldiario.es

El exconseller, Rafael Blasco, junto a otros imputados durante el juicio del caso Cooperación. Fuente: eldiario.es

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Sinvergüenza, me llaman a mí

«Turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida». ¿Saben de lo que les hablo? Problablemente sí: de la vergüenza. La vergüenza entendida como ese ardor que te sube desde los pies hasta la frente y te hace enrojecer. Esos momentos en los que quieres ser otra persona porque tú has hecho algo mal, porque mientes y te han pillado. Porque generalmente la vergüenza surge cuando alguien es consciente de nuestras malas acciones. Aunque claro, siempre hay excepciones, y estoy convencida de que el día que se repartió la vergüenza, los había que no estaban a la cola. Repasemos algunos casos.

Dice Granados que deja la primera línea de la política porque está cansado darle a un botón en el Senado, y de que le esperen en la puerta de su casa periodistas como si fuera la Pantoja. Que él no tiene por qué aguantarlo, que sus decisiones son personales y no están en absoluto vinculadas a supuestos fondos suizos. Que una ya se pregunta, inocente, si no sería más fácil decir que este señor se marcha de la política porque han descubierto una cuenta en Suiza a su nombre, antes que quedar como un macarra en distintos medios de televisión, asegurando algo así como «quién me busque en el PP me va a encontrar». Debe ser que no.

Luego aparece el ministro del Interior, Fernández-Díaz, alzando la sobadísima bandera de la transparencia. ¿Cuál ha sido la gesta? Publicar un vídeo sobre la tragedia que en Ceuta se llevó la vida de 15 personas que intentaban entrar a España el pasado 6 de febrero. Después de mentiras, de contradicciones, y, sobretodo, de 14 días, el ministerio se ha dignado a ofrecer a los medios unas imágenes que ya han sido reclamadas incluso por la justicia. Quizá habría sido más trasparente haber llevado las imágenes al Congreso, en su comparecencia. O, ya puestos, reconocer que no se puede disparar con pelotas de goma a personas a nado, asustadas, en mitad de la noche. Quién sabe.

Y ya por último, tenemos al portavoz del Partido Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, al que no se le ocurre otra cosa que asegurar, con total normalidad que si la justicia universal va a desaparecer de nuestro ordenamiento es, precisamente, para evitar «conflictos diplomáticos». Sin sonrojo alguno.

Desde luego, los hay que no tienen vergüenza. En la política y fuera de ella. Y si bien es cierto que los papeles de algunos sinvergüenzas están justificados en el guión, no termina de ser el caso de estos tres, y otros muchos, ejemplos. Así que, señores, no vayan por ahí. Para evitar riesgos, dejémoslo en que la política no es un espacio para demostrar altanería, o no debería serlo. En la política, como en la vida, la vergüenza y el arrepentamiento son grandes aliados cuando se ha actuado mal. Con lo fácil que es entonar un «lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir». Pero en fin, qué les voy a contar.

Isabel Villar Hernández

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Y quién es él

La nueva ley del aborto aprobada por el ministro Gallardón impone a las mujeres la obligación de ser madres, independientemente de cual sea su voluntad y sus condiciones de vida. La nueva ley no protege al concebido no nacido; más bien coarta a la persona, a la mujer. Pero, en esta situación no cabe más que preguntarse qué pasa con los hombres. Porque, hasta donde yo sé, si ese chavalillo que ha dejado embarazada a una adolescente —ahora incapacitada para decidir libremente si quiere abortar o no—, opta por hacer las maletas e ir a por tabaco, Gallardón no lo perseguirá hasta el infinito con ese discurso constante y lastimero del derecho a la vida de los no natos. De esta situación, las mujeres solo podemos extraer una conclusión: nos toca a nosotras, eternamenta subyugadas por el la obligación materna de debernos a los demás. Si la antigua ley nos dejaba la libertad para decidir, con esta se nos impone una decisión. Pero solo se nos impone a nosotras. Porque somos las mujeres quienes tenemos que cargar eternamente con el peso de servir al resto, de renunciar a nuestra vida en favor de la de los demás.  Gallardón se ha afanado en recordarnos que somos las mujeres quienes debemos asumir el peso de la vida; quienes estamos obligadas, por ley, a renunciar a todo por un embarazo. Los hombres, no. Ellos no tienen la obligación, sino la opción, que es bien distinto. Sobre nosotras recae la lacra del egoísmo y la crueldad si decidimos abortar, si decidimos pasar por el horrible trance de la interrupción del embarazo. Y ahora esa lacra se ha convertido en delito. Pero no para ellos. ¿Por qué nosotras somos diferentes? ¿Por qué yo, como mujer, tengo que asumir la obligación de ser madre, contra mi voluntad? Ah, porque me lo dice un hombre.  Un hombre que ha decidido actuar como un omnipresente Gran Hermano, controlándolo todo, llegando hasta los rincones más íntimos de la vida de las mujeres, legislando sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro útero, sobre nuestra libertad. ¿Quién es él para hacerme eso? 

Isabel Villar Hernández

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La Ley de “Seguridad/Represión” Ciudadana levanta polémica

Ya hace una semana que el ministro de interior ha presentado su proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Esta Ley estrella del Gobierno lleva consigo cada vez más polémica, tanto que ya ha sido bautizada como la Ley de “represión ciudadana”.

Esta nueva ley sustituirá a la que fue impulsada en 1992 por el socialista José Luís Corcuera. En  este borrador, básicamente, se mantienen las mismas sanciones, pero se incluyen agravantes a estas y se amplían las prohibiciones.  La Ley Fernández, pues, incluye 55 nuevos artículos que tienen como objetivo suprimir o controlar las protestas en la calle  y preservar el orden público. Por ejemplo, el proyecto de ley prohíbe concentraciones o manifestaciones no autorizadas delante de las cámaras de representación tanto nacionales como autonómicas, considerando este acto como “muy grave” e imponiendo –a quiénes participen, dirijan o convoquen– sanciones de 600.000 euros. También, la policía podrá vetar un determinado perímetro urbano público para preservar el orden o la intimidad privada. La última novedad que ha incluido el ministro a este Anteproyecto es la de ampliar el ámbito de actuación de la seguridad privada, aumentando, así, el negocio de vigilancia en detrimento de la contratación pública.

José Fernández Díaz, ministro de interior, hace sus primeras declaraciones ante los medios de comunicación sobre la nueva Ley durante su visita a la planta de Martorell de Seat. Fuente: La Vanguardia.

José Fernández Díaz, ministro de interior, hace sus primeras declaraciones sobre la nueva Ley durante su visita a la planta de Martorell de Seat. Fuente: La Vanguardia.

Dichas propuestas, hacen pensar que son consecuencia de protestas como las del“25-S: Rodea el Congreso”, los escraches a políticos y las protestas de grupos como Greenpeace. El Ministerio de Interior ha afirmado que llevan tiempo trabajando en esta ley, pero que se ha lanzado ahora dado que no hay tanta convulsión social para que, de este modo, no se genere “debate” sobre esta. Además ha incidido en que la Ley en “necesaria” argumentando que si no se incorporasen habría “figuras en el Código Penar que quedarían en el limbo jurídico”, y advierte que se “preservan” los derechos de libertad de expresión.

Los grupos de la oposición no opinan lo mismo ya que han denunciado que atenta directamente contra los derechos de los ciudadanos y contra la democracia. En la primera sesión de control el PSOE han focalizado sus intervenciones en lo que respecta a los derechos y las libertades de los ciudadanos. “Ustedes han aprobado una ley de seguridad privada para beneficiar a intereses privados; detrás de un recorte siempre hay un interés económico, pero nunca pensamos que lo iban a hacer con los derechos y libertades”, ha acusado la portavoz socialista, Soraya Rodríguez.  Eduardo Madina, diputado socialista, ya declaró que el PSOE rechazaría la ley “radicalmente” y “la recurrirá ante el Tribunal Constitucional” cuando sea aprobada. Ya que de de no ser aprobada por la Cámara Baja, será el Ejecutivo quien lo haga.  Su compañero socialista Antonio Trevín, portavoz de Interior del PSOE, calificó el pasado mes, cuando el Ejecutivo presentó el Anteproyecto, de ser una ley “predemocrática” ya que  pretende “embridar el derecho de manifestación, que es un derecho fundamental protegido por la Constitución” y porque recuerda el concepto de “orden público, que es algo anterior a la Transición”. Joan Coscubiela, portavoz de Izquierda Plural, ha puntualizado que si la ley Corcuera ya era una “patada en la puerta”, esta del PP debería llamarse “ley de la parada en la boca a la democracia”, dado que abre una “ofensiva brutal contra los derechos civiles”.

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Y ya van 7.300 millones

7.300 millones de euros. Esta es la cifra del recorte total que el Ejectuivo del Partido Popular lleva aplicado sobre la educación, a lo largo de la crisis. Esto se traduce en una caída del 16,7% en el gasto educativo en los años que duran los problemas en la economía. Según un estudio realizado por la Federación de Educación de CCOO, el ránquin de los recortes viene encabezado por Castilla La-Mancha, con un 31,1% de presupuesto recortado; seguido por el Ministerio de Educación (-30,4%) y Cataluña, con un recorte del 24%.

Fuente: El País

Fuente: El País

 

 

 

 

 

 

 

El recorte educativo llegará en el 2014 a los 7.298 millones de euros

 

Este recorte en la partida educativa se extiende ya a todas las comunidades autónomas gracias a un decreto que el gobierno popular aprobó con el objetivo de asegurar la reducción del gasto en todas las autonomías, incluyo en aquellas que se mostraban beligerantes al respecto. Por ello, la mayoría de las comunidades han optado por reducir la plantilla, con el objetivo de no pasarse del presupuesto. Así, nos encontramos con una escuela pública donde los docentes imparten más horas, las bajas son cubiertas con ineficacia, y aumentan el número de alumnos por aula. El estudio de CCOO destaca, además, que esta reducción se ha concentrado no solo en la plantilla, sino también en las ayudas a libros de texto o a comedor, y en los programas de apoyo a los alumnos con dificultades.

Para compensar este recorte, muchas comunidades (con las excepciones de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Murcia y País Vasco) han anunciado que incrementarán la partida destinada a la educación en 2014. Sin embargo, CCOO, que cifra este incremento en los 142,6 millones de euros, destaca que la subida no compensará en su totalidad los millones que se han perdido en Educación.

En 2014, se espera un recorte en materia educativa de 536,6 millones, que sumado a los 2.395 del 2011; a los 1.615 de 2012; y al recorte de 2.750 millones en el 2013, nos deja un panorama sombrío para alumnos, profesores, padres y, en definitiva, para toda la sociedad y para nuestro futuro. Porque, como dijo Mandela en su día, «la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo»

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